Violencia sacude la zona rural de Cúcuta

Allá nadie puede hablar con nadie, porque los matan, así de sencillo es”. La frase es de Wilfredo Cañizares, uno de los pocos defensores de derechos humanos de Cúcuta, Norte de Santander, que se atreven a denunciar –con nombre y apellido– la guerra que se está viviendo por cuenta del ‘clan del Golfo’, el Eln y otras estructuras en las veredas de esa ciudad enterrada en la frontera con Venezuela.

Los hechos respaldan lo que dice: en marzo se registró la desaparición forzada de dos pobladores que iban en una camioneta encontrada incinerada. Luego, un niño de 14 años perdió una pierna tras pisar una mina antipersonal. El 8 de septiembre, 327 personas fueron obligadas a desplazarse desde el corregimiento de Banco de Arena, a escasos 65 kilómetros del casco urbano de Cúcuta.

A eso se suman tres masacres y las amenazas a 22 líderes sociales que han tenido que huir este año para evitar que los maten, como ocurrió con Eliécer Sánchez, el último asesinado, el 21 de agosto pasado. Desde enero de 2020 los homicidios contra ellos suman 22 en el departamento.

¿El objetivo? Retomar a como diera lugar el poder en los más de 20 kilómetros de margen fronterizo. La forma, como se ha visto en los últimos 10 meses, no escatima en violencia.

Es miércoles y el centro de Cúcuta está custodiado de esquina a esquina por hombres del Ejército y la Policía. El presidente Iván Duque –que sufrió un atentado en esta ciudad a finales de junio–, los magistrados de las altas cortes y varios representantes de organismos internacionales hacen presencia en la capital de Norte de Santander, y las medidas de seguridad están a tope. Solo en el casco urbano.

Al celular de Jaime Marthey, el defensor del Pueblo de Cúcuta, llega un mensaje que da cuenta de los peligros que persisten en el campo. “Ayúdennos a irnos. Estamos debajo de la cama. Si salimos, nos van a matar”, lee el funcionario desde su chat de WhatsApp, y le ordena a uno de los miembros de su equipo coordinar una misión junto con Naciones Unidas para tratar de sacar del territorio a esa familia.

“Esto está advertido desde el año pasado en las alertas tempranas”, dice el defensor, y agrega, con preocupación, que aunque la situación estaba sobre diagnosticada, ya se han consumado varios hechos. “Las capacidades de las autoridades ya fueron desbordadas por la magnitud del conflicto”, señala.

El brigadier general Fabio Cancelado, jefe del comando específico de Norte de Santander, asegura que en el departamento hay aproximadamente 1.500 hombres en armas, repartidos en grupos ilegales como el Eln, el ‘clan del Golfo’, las disidencias del frente 33 de las Farc, el ‘Tren de Aragua’ (estructura transnacional) y los ya casi desaparecidos ‘Pelusos’ y ‘Rastrojos’.

Contra ellos “se mantienen operaciones militares, conjuntas, coordinadas e interagenciales en el sector de la frontera”. El alto oficial –que opera en la Trigésima Brigada del Ejército, donde un carro bomba explotó a mitad de año– añade que en lo corrido del año las autoridades han erradicado más de 5.600 hectáreas de coca “para afectar las finanzas de los grupos armados”.

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que desde hace 30 años trabaja en defensa de los derechos humanos en la región, cuestiona que a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en el territorio, los miembros de esos grupos ilegales “recorran las veredas como ‘Pedro por su casa’ ”.

“Tradicionalmente, estas incursiones se dan en lugares aislados, abandonados por el Estado, pero no estamos hablando del Catatumbo, sino de veredas cercanas a Cúcuta en las que han impuesto un control social permanente, con toques de queda, cuotas extorsivas para todos los habitantes, masacres, asesinatos, desplazamientos y una serie de amenazas a los líderes para callarlos. Ellos son el oxígeno de las comunidades, porque sin los líderes los procesos no existen”, dice Cañizares.

Por la carretera polvorienta que comunica al corregimiento de Palmarito con Banco de Arenas han seguido saliendo personas desplazadas, que se suman a las 448 que tiene registrada la alcaldía en lo corrido del año. En esa misma vía encontraron el cuerpo baleado de Eliécer Sánchez, a quien su familia y su comunidad aún llora. “Él era de esos líderes discretos, prudentes, muy sensibles con los problemas de sus vecinos; en parte de ahí venía su legitimidad y por eso se siente tanto su partida”, dice una persona que compartió con él.

La esposa de Eliécer, que tuvo que huir por miedo a correr su misma suerte, dice que con su muerte “quedaron a media muchos procesos, entre esos la paz en ese pueblo, que era lo que más quería”.

Ese deseo se lo arrancaron los armados, y por ahora no hay ninguna garantía de que la situación pueda mejorar.

Notiespartano/JulianRíosMonroy/eltiempo.com

 

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