López Obrador trata de legalizar persecución a expresidentes mexicanos

Horas antes de protagonizar el ‘Grito de la Independencia’, el tradicional acto con el que los presidentes mexicanos conmemoran -cada 15 de septiembre por la noche- la soberanía del país, López Obrador recibió una mala noticia que, no por inesperada, iba a cambiar sus planes.

Los miles de voluntarios que, desde hace varias semanas, habían tomado las principales plazas públicas en busca de firmas que avalen una consulta ciudadana para juzgar a los ex presidentes no habían logrado su objetivo. Se quedaron lejos del 1.800.000 firmas necesarias para impulsar el proceso, obligando al presidente mexicano a activar una segunda vía, a través de una solicitud formal al Senado, que le pone frente al espejo de sus propias contradicciones.

«No vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los ex presidentes porque queremos ver hacia delante y dijimos, si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a los ex presidentes, pues que se organicen y que recojan las firmas para que se celebre una consulta ciudadana», aseguró López Obrador el pasado mes de febrero. Esta postura que ha reiterado hasta la saciedad desde su toma de posesión ha ido perdiendo solvencia con el paso del tiempo.

Después de fracasar en su intento de que fuera el propio pueblo, y no él mismo, quien echara a andar el proceso contra los ex presidentes, López Obrador se ha visto obligado a significarse y enviar al Senado la pregunta del millón: «¿Está de acuerdo en que se revisen e investiguen las administraciones de los ex presidentes de la República, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?».

La particular ‘caza de brujas’ tiene en su diana a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron el país entre 1988 y 2018. Una encuesta reciente de ‘El Universal’ concluyó que 9 de cada 10 mexicanos están a favor de que se juzgue a los ex mandatarios, un dato que utilizó López Obrador para justificar su postura: «La consulta solicitada tiene el propósito legal de llevar un asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar en su caso juicios apegados a derecho».

La mayoría calificada que tiene en el Senado Morena (el partido del Presidente) facilitará que el proceso avance en su primera instancia, aunque todos los expertos coinciden en que es realmente difícil que llegue a buen término.

Si la moción prospera en la Cámara Alta, será la Suprema Corte de Justicia quien deberá concluir si el proceso es o no constitucional y si la pregunta planteada no es tendenciosa o vulnera algún derecho fundamental. El otro escollo que protege a todos los ex presidentes citados, menos a Enrique Peña Nieto, es el paso del tiempo, ya que provoca que todos sus presuntos delitos -menos los de lesa humanidad- hayan prescrito.

La prueba definitiva de que esta consulta responde más a intereses partidistas y a una campaña de desprestigio político que a una necesidad real y viable, es la fecha sugerida por López Obrador para su celebración: el 6 de junio del 2021. Ese día los mexicanos celebrarán las elecciones más grandes de su historia para elegir 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2.000 alcaldes.

Notiespartano/El Mundo

Compruebe también

Vizcarra investigado por caso de corrupción cuando fue gobernador

El Fiscal provincial especializado en delito de corrupción de funcionarios, Elmer Chirre, inició una investigación …